Aborto inseguro en México

Aborto inseguro en México

Prohibición legal del aborto: una forma de desigualdad estructural que viven las mujeres mexicanas

AMICUS CURIAE (SÍNTESIS)

Acción de Inconstitucionalidad 85/2016

El Laboratorio Nacional Diversidades UNAM-CONACYT (LND) tiene como objetivo principal la producción de material académico de investigación, docencia, artístico y divulgación, que analice, visibilice y erradique las diversas formas de discriminación y violencias a las diversidades, bajo una mirada interseccional. Tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se enriquece con la participación de diversas entidades dentro y fuera de nuestra Universidad. La Clínica Jurídica del LND brinda asesoría y acompañamiento jurídico con un enfoque de género y de derechos humanos.

Por la importancia que reviste la reforma al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Acción de Inconstitucionalidad 85/2016 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se estima pertinente aportar elementos para que sean valorados en el estudio y deliberación del caso y por ello se presenta este escrito en calidad de AMICUS CURIAE. Éste es un posicionamiento urgente de la Clínica Jurídica del LND frente al endurecimiento de los radicalismos que generan misoginia así como otras formas de discriminación.

La investigación expresa la necesidad de estudiar el caso desde una reflexión sobre la prohibición legal del aborto como una forma de desigualdad estructural que viven las mujeres mexicanas en relación al ejercicio libre e informado de su sexualidad y reproducción y que ha contribuido a fortalecer la negación histórica de su reconocimiento como sujetos de derechos. Desde las teorías feministas que estudiamos en este amicus, se sostiene una crítica a la maternidad como destino y vocación “natural” de las mujeres, hemos planteado que el mandato de maternidad se inserta en el discurso jurídico y en muchas ocasiones esto puede tener consecuencias negativas en la vida y salud de las mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Los feminismos, como corrientes de pensamiento crítico, buscan auxiliar al derecho y convertirlo en una herramienta que favorezca la ciudadanía plena, así como la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Es en este aspecto que la contribución del pensamiento crítico feminista es crucial para emprender nuevos enfoques y complejizar la discusión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un pronunciamiento contundente para proteger y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas.

En este sentido, en la primera parte del amicus curiae se presenta el contexto de las reformas constitucionales que dicen proteger la vida desde el momento de la concepción en México a partir del 2008, año en que se resolvieron las Acciones de Inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007. En un segundo momento, se detallan las características de la aprobación de la reforma constitucional en Veracruz desde la narrativa de la prensa nacional y local. En el tercer apartado se insertan los efectos que esta reforma tiene en la vida y salud de las mujeres veracruzanas, tomando en cuenta la información documentada por organizaciones de la sociedad civil, así como una exposición de los procedimientos no jurisdiccionales promovidos por las mismas; al final se muestra un análisis dinámico de los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas. Para concluir se presentan una serie de argumentos encaminados a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva esta Acción de Inconstitucionalidad desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Este tribunal tiene de nueva cuenta la oportunidad de hacer un pronunciamiento contundente para proteger y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas.

Participaron en la investigación, elaboración y suscribieron el presente documento las integrantes de la Clínica Jurídica del LND, Daniela Castillo Castellanos, Gloria Montserrat Martínez Alvarez, Karla Margarita Ortíz Antuna, Iris Nathaly González Cortez, María del Pilar González Barreda, Lourdes Enríquez Rosas, Lucía Raphael de la Madrid y Arturo Sotelo Gutiérrez.

Con estas reivindicaciones los grupos antiderechos están tensando sobremanera la forma en que históricamente hemos entendido lo político, pues si bien pensábamos que salir a la calle, marchar, era una posible estrategia para conseguir derechos, estos le han dado la vuelta y se manifiestan para restar, para que “los otros” pierdan lo poco que han logrado, para que los vínculos sexo-afectivos no heterosexuales y las identidades no cisgénero pierdan el reconocimiento que han conseguido, por lo menos en la Ciudad de México. Con sus redes y posiciones sociales, con su capital e influciencas políticas estratégicas, estos grupos cada vez marcan más la agenda institucional y partidista configurando un nuevo y complejo escenario tanto para el movimiento feminista como para el LGTBI. Escenario en el cual sin una autocrítica profunda y ciertas alianzas estratégicas corremos el riesgo de perder lo poco que se nos ha reconocido en los últimos años.

Una de las estrategias antiderechos de estos grupos es criminalizar lo que nombran como Ideología del género. De forma perversa instrumentalizan discursos construidos desde el cuestionamiento a los valores familiares tradicionales con el fin de restarles potencia a nuestros saberes, nuestras prácticas e, inevitablemente a nuestras vidas. Apelando a una concepción natural de la familia y de la identidad que ya desde hace años ha sido ampliamente cuestionada por la Academia y por los movimientos sociales de izquierdas, estos grupos pretenden reificar de nuevo una idea tradicional que excluya la diversidad de formas de vivir lo familiar que hoy en día existen y se han ido visibilizando. Es la idea de la familia tradicional la que pretenden reificar, esa que ha sido sustentada históricamente por discursos morales pero también naturales y legales, aquella institución a la que solamente pueden acceder “los normales”, es decir, las personas heterosexuales y cisgénero organizadas bajo la lógica de la herencia patrimonial, el binarismo de género, la reproducción biológica y social y la jerarquización sexual.

Y aquí quisiera plantear la segunda crítica. Porque si ellos lo tienen claro, quizá nosotrxs, o más bien las personas que nos identificamos con alguna o varias de las siglas dentro del espectro de lo LGTBI, no lo tenemos tanto. ¿Porqué abrazamos el matrimonio como forma legítima de relación sexo-afectiva?¿En qué nos beneficia y a quiénes beneficia? ¿Por qué queremos procrear y construir familias “tradicionales” como las heterosexuales? ¿Por qué necesitamos adaptarnos a un sistema social, es decir, un sistema de poder y de normas sexistas, machistas, para sentir que somos legítimos y reconocidos socialmente?¿Diversos pero iguales? ¿O diferentes y radicales[3]?

Estos interrogantes no son pura retórica, son preguntas que el movimiento LGTBI tiene pendientes, son una invitación –¿feminista quizá?­­­– a repensar las formas en que podemos articularnos, relacionarnos, más allá de las maneras normativas, establecidas y legitimadas que finalmente a través de instituciones como el matrimonio y la familia garantizan el mantenimiento del status quo.

Si bien estoy de acuerdo en que todas las personas deberíamos tener acceso al matrimonio y la adopción, así como a otros derechos fundamentales, más allá de nuestro género y preferencia sexual, esta invitación puede abrir otras políticas posibles que contemplen un espectro LGTBI más amplio y flexible y, al mismo tiempo, ser un piso desde el cual construir una crítica a la normalización y a la adaptación a la normatividad heterosexual y cisgénero que el movimiento LGTBI ha vivido históricamente. Una normalización que tiene relación directa con el neoliberalismo y con el mantenimiento de ciertas estructuras que, también históricamente, nos han ubicado en la subordinación, la inferioridad, la patologización, por lo tanto en lugares desde los cuales se da una inherente precarización de nuestras vidas.

Es necesario repensar la forma en que ciertas políticas identitarias del movimiento LGTBI al mismo tiempo que nos dan derechos que se nos han negado históricamente, también nos regulan, ponen límites a las posibilidades que tenemos de construir nuestras vidas, nos sujetan a una estructura de poder determinada y excluyen a muchas de nuestras compañeras y sus necesidades.

Hace un año aproximadamente, con Jessica Marjan Durán Franco, activista trans* y feminista de la Red de Juventes Trans*, también en Animal Político, pero en la columna del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, escribimos sobre las exclusiones que produce el movimiento LGTBI, sobre la necesidad de repensarlo desde una perspectiva crítica y feminista. Hoy vuelvo a plantear aquí no solamente las exclusiones, sino aquello que tiene que ver con las formas en que construimos redes, familias “otras”, que no se ven como grupos legítimos a ojos de la hetero y cisnormatividad, a ojos de la normalidad, y, por lo tanto, a ojos de los grupos antiderechos.

Sí, apoyo las reivindicaciones que hasta ahora en la Ciudad de México se han hecho y se han conseguido, y de hecho considero que en un contexto donde los grupos antiderechos como el FNF tienen el objetivo de reducir los hitos conseguidos, es una responsabilidad defenderlos, por supuesto. Sin embargo eso no puede frenar la iniciativa de repensarnos en un mundo donde incluso dentro de este movimiento siguen produciéndose exclusiones, normas, que afectan las posibilidades que tenemos de construirnos colectivamente, de relacionarnos, deproponer otras formas de justicia, de transformarnos y así transformar nuestros mundos.

Podemos llamar familia a las redes que más allá del parentesco biológico construimos para sostenernos en este mundo hostil, podemos llamar familia a los grupos que se configuran como espacios de convivencia, de apoyo mutuo, de sostén emocional y material, de amor, de deseo. Podemos llamarlas familias más allá del género y el deseo de las personas que las conforman. Ahora bien, ¿cómo conseguir que estas redes sean reconocibles y legítimas socialmente sin cuestionar la primacía del matrimonio? ¿Cómo investir a estos grupos de ciertas garantías legales y sociales? La mayoría de personas LGTBI, que además de serlo somos muchas otras cosas, como migrantes, estudiantes, jóvenes, mayores, trabajadoras, racializadas, etc, las construimos. No obstante, en situaciones particulares, éstas no son reconocidas como tal y por tanto no gozan del estatus legal necesario para servir como redes de cuidado legítimas, como el matrimonio, figura que no podemos olvidar que se configura como unidad de consumo, unidad mínima de ordenación social, unidad básica que permite el mantenimiento de la sociedad tal como está configurada en términos de poder y jerarquías sociales.

¿Cabría preguntarnos entonces de qué forma podríamos incluir esta reflexión crítica en nuestras agendas políticas LGTBI y feministas? Incluir en la agenda política esta reflexión implica varias cuestiones fundamentales: (I) cuestionar las bases epistemológicas y ontológicas desde la cuales hemos construido históricamente las políticas identitarias, es decir, preguntarnos en torno a los costes y límites que ha tenido la asunción de cierta forma de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos y de entender la identidad como estrategia política; (II) cuestionar las posiciones de poder que se dan en el seno de este movimiento, que están inevitablemente relacionadas con la asunción de ciertos valores tradicionales y con la construcción de normas relacionadas con la forma de organización social por excelencia, la heterosexualidad[4] ; (III) apostarle a un proceso ya no de normalización sino de transformación. Es decir, a un proceso que no solamente le apuesta a la integración de los colectivos minorizados y subordinados históricamente en las estructuras sociales tradicionales, sino más bien que cuestione estas estructuras desde su base; un proceso que no solamente “acepte” y “tolere” otras formas de relación y de experiencia de género y sexual, a través de su adaptación a formas de vida tradicionales, sino más bien que cuestione estas formas de vida tradicionales, analice las formas de vida que ha dejado fuera y las legitime de antemano.

Si el discurso del FNF y los grupos antiderechos ha ganado terreno en los últimos años, ¿no es acaso el momento de replantearnos los alcances de las reivindicaciones históricas del movimiento LGTBI a partir de un ejercicio de autocrítica? Este replanteamiento puede configurar una posible ruta para la construcción de políticas críticas que asuman, por un lado, que el matrimonio y la adopción son derechos necesarios pero que no son básicos para muchas de las personas no gays, que también se identifican con estas siglas.Personas que no tienen acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, a servicios de salud, y que mueren solas, en muchas ocasiones en la calle, incluso asesinadas. Y por otro lado, que el matrimonio y la adopción son figuras a través de las cuales los valores tradicionales que históricamente nos han ubicado en la otredad y que por lo tanto han justificado la precarización sistemática de nuestras vidas, se cuelan en nuestros modos de existencia creando normatividades “diversas” que vuelven de nuevo a regular, limitar y crear exclusiones dentro de nuestras trincheras, supuestamente resistentes, diferentes y críticas.

 

* Alba Pons es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM.

[1] Cisgénero es un término que define a aquellas personas que se identifican con el género que se les asigna al nacer y con el cual se les registra legalmente. El contrario de cisgénero sería transgénero, personas que no se identifican con ese género registral o adjudicado al momento del nacimiento.

[2] LGTBI son las siglas a través de las cuales se nombran a Lesbianas, Gays, Trans*, Bisexuales e Intersexuales y el movimiento LGTBI es el que surge con el fin de reivindicar derechos para estas distintas poblaciones. Cabe señalar que al igual que en todo movimiento social existen no solamente fracturas y diferentes posicionamientos políticos respecto a la agenda política –si es que se puede hablar de una sola agenda– sino también normas tácitas, jerarquizaciones, invisibilidades y exclusiones.

[3] Utilizo el término radical para hacer referencia a aquellas que cuestionan las cosas desde la raíz, es decir, desde las estructuras mismas que configuran el campo de lo social.

[4] En el texto no estoy planteando la heterosexualidad como una práctica sexual sino más bien como una forma de relación entre hombres y mujeres y, al mismo tiempo, un régimen de ordenación social que se encuentra en la base de la mayoría de discursos sociales, instituciones y prácticas. Muestra del carácter institucional y social de la heterosexualidad es su asunción y cómo esta siempre es dada por sentada de antemano.

Descarga en el siguiente enlace la investigación completa del Amicus Curiae realizado por la Clínica Jurídica del Laboratorio Nacional Diversidades.

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